El incumplimiento de un contrato puede generar diversos tipos de daños para la parte perjudicada que sí ha cumplido sus obligaciones contractuales, y es posible exigir su resarcimiento a través de acciones judiciales alternativas a elección de la parte demandante cumplidora del contrato.
Entre los conceptos que se manejan en este ámbito, destacan el lucro cesante y el daño emergente, más conocidos como daños y perjuicios, así como las acciones judiciales de cumplimiento de la obligación, de resolución del contrato y de responsabilidad contractual. A continuación explicamos en qué consisten estos términos y cómo se aplican en la práctica.
¿Qué son los daños y perjuicios?
El término «daños y perjuicios» se utiliza como un concepto general para englobar tanto el lucro cesante como el daño emergente, y se refiere a cualquier perjuicio económico o moral que haya sufrido la parte perjudicada como consecuencia de un incumplimiento contractual. Así, por ejemplo, se pueden reclamar daños y perjuicios por una pérdida económica directa (daño emergente), por una pérdida económica indirecta (lucro cesante) y por daños morales, a causa del incumplimiento de las obligaciones contractuales de la otra parte y siempre que la parte perjudicada haya cumplido con las suyas. En la práctica, los daños y perjuicios se valoran económicamente y se reclaman en una demanda judicial. En este sentido, es importante destacar que la valoración de los daños y perjuicios puede ser un proceso complejo que requiere la intervención de profesionales expertos y la presentación de pruebas que permitan demostrar los perjuicios sufridos, ya que deben tenerse en cuenta numerosos factores, como la naturaleza del incumplimiento, el grado de culpa, la relación entre las partes, etc.¿Qué es el daño emergente?
El daño emergente es otro concepto que se utiliza en el ámbito del incumplimiento contractual. En este caso, se trata de los daños y perjuicios directos que se han producido como consecuencia del incumplimiento de un contrato. Es decir, se refiere a los gastos o pérdidas que la parte perjudicada ha sufrido como consecuencia directa del incumplimiento del contrato por la otra parte.Es decir, son los gastos o pérdidas que la parte perjudicada no habría sufrido si el contrato se hubiera cumplido correctamente. Por ejemplo, si una empresa ha contratado a otra para que le suministre un producto, y esta última incumple el plazo de entrega, la empresa perjudicada puede sufrir un daño emergente en forma de pérdidas económicas directas (por ejemplo, si pierde un contrato con un cliente debido al retraso en la entrega).En general, para que pueda reclamarse el daño emergente, es necesario demostrar que el incumplimiento del contrato ha generado un perjuicio directo que se puede valorar económicamente. Este tipo de daño puede incluir, por ejemplo, los costes adicionales que se han tenido que asumir para compensar el incumplimiento, los ingresos perdidos debido al incumplimiento, etc.
¿Qué se entiende por lucro cesante?
El lucro cesante es un concepto que se utiliza para referirse a la pérdida de beneficios que de forma razonable pudieran esperarse de la ejecución del contrato y que una persona o empresa, en este caso la parte cumplidora de ese contrato, ha dejado de obtener a causa del incumplimiento contractual por parte de la otra persona o empresa.Es decir, el lucro cesante representa el dinero que se ha dejado de ganar como consecuencia del incumplimiento del contrato por la otra parte o, dicho de otra forma, son las ganancias que la parte perjudicada hubiera obtenido si el contrato se hubiera cumplido correctamente.Para que pueda reclamarse el lucro cesante, es necesario que se demuestre, primero, que la parte perjudicada por el incumplimiento ha cumplido con su parte del contrato y, después, que ha dejado de percibir ingresos como consecuencia directa del incumplimiento contractual de la otra parte. Esto puede ser complicado en algunos casos, especialmente si los beneficios esperados no estaban claramente definidos en el contrato, pero pueden llegar a determinarse para poder reclamarlos como parte de la indemnización mediante la intervención de abogados y peritos especialistas.
¿Qué es la acción de cumplimiento contractual?
La exigencia de cumplimiento contractual es la primera de las acciones judiciales que puede ejercitar la parte cumplidora de un contrato ante el incumplimiento de la otra parte, y tiene por objetivo reclamar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato a la parte que ha dejado de cumplirlas. Esta acción puede ejercitarse tanto cuando la otra parte no ha cumplido con sus obligaciones contractuales como cuando las ha cumplido de manera defectuosa.¿Qué es la acción de resolución contractual?
Con la acción de resolución contractual, la parte cumplidora solicita al juez la terminación anticipada del contrato debido al incumplimiento de obligaciones principales por la otra parte.Esta acción judicial se ejercita cuando el cumplimiento de la obligación ya no es posible o, sencillamente, ya no se quiere, y lleva aparejada la petición de indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa del incumplimiento.Es decir, si una de las partes no cumple con sus obligaciones contractuales esenciales, la otra parte puede ejercer esta acción para resolver el contrato y exigir la indemnización por los daños y perjuicios sufridos.
¿Qué es la responsabilidad contractual?
La responsabilidad contractual es la obligación que tiene una de las partes del contrato de reparar los daños y perjuicios causados a la otra parte como consecuencia del incumplimiento del contrato, aunque este incumplimiento no sea de una obligación esencial o no tenga entidad suficiente para resolver el contrato. Es decir, cuando una de las partes incumple el contrato, tiene la obligación de indemnizar a la parte cumplidora por los daños y perjuicios causados. Esto puede exigirse judicialmente mediante el ejercicio de la acción de responsabilidad contractual.¿Es necesario escoger entre una de las tres acciones judiciales?
Las acciones judiciales de cumplimiento contractual, resolución contractual y responsabilidad contractual pueden acumularse en una misma demanda y solicitarse ante el juez de forma alternativa. Es decir, cuando se produce el incumplimiento o el cumplimiento defectuosos del contrato por una de las partes, la parte cumplidora puede optar por exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación, resolver el contrato o declarar la responsabilidad contractual de la parte incumplidora, con resarcimiento de daños y perjuicios, o bien acumular las tres peticiones para su aplicación subalterna y optimizar las probabilidades de éxito.En la práctica: solicitar al juez el cumplimiento forzoso de la obligación de la otra parte; si esto no fuera posible, solicitar al juez la resolución contractual con indemnización; y, para el caso de que se entienda que el grado del incumplimiento denunciado no tiene entidad suficiente como para resolver el contrato o que la obligación incumplida no es esencial dentro del mismo, solicitar la declaración de responsabilidad contractual de la parte incumplidora con indemnización.En todo caso, el resultado será, o bien la consecución del cumplimiento del contrato, evitando así las pérdidas aparejadas a la frustración del mismo por su incumplimiento, o bien la obtención de la equivalente indemnización económica a la parte demandante cumplidora del contrato por los daños y perjuicios sufridos a causa del incumplimiento contractual de la otra parte. Tanto al cumplimiento tardío de la obligación como a la indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento deben aplicarse los intereses correspondientes.
